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Para ello, Plácido Micó y Celestino Bacale elaboraron 18 interpelaciones y preguntas, que iban a realizar a diversos miembros del gobierno. Si no fuera por las dificultades puestas por el Presidente de la Mesa de la Cámara de Representantes del Pueblo, Dr. Salomón NGUEMA, los diputados de CPDS querían haber hecho más preguntas e interpelaciones. Las dificultades a que nos referimos consistieron en la limitación de los plazos de presentación de las preguntas e interpelaciones, y en la negación a que se plantearan intepelaciones (Para el Presidente de la Mesa de la Camara, el gobierno llevaba poco tiempo y no había lugar a plantear interpelaciones; lo que es un despropósito habida cuenta que en los países democráticos un gobierno debe responder desde el mismo dia de su toma de posesión). No obstante, las interpelaciones y preguntas (convertidas todas en preguntas) elaboradas por el Grupo Mixto se recogieron en el Orden del Día; se trata de una batería de 18 cuyos textos escritos, como estipula el reglamento fueron enviados por los portavoces titular y adjunto del Grupo Mixto a la Mesa de la Cámara los días 7, 9 y 15 de marzo.

Las sesiones plenarias en que se ejerció dicho control al Gobierno, abiertas al público y retransmitidas por radio y en las que diversos miembros del gobierno, debían informar y dar explicación sobre las políticas y gestión de sus respectivos departamentos ministeriales, fueron los mejores momentos de las sesiones parlamentarias que acaban de clausurarse. Tuvieron incluso sus ratos de humor, aunque fuera al estilo del presidente de la Cámara, pero que, en cualquier caso, puso una nota de color al debate aburrido y siempre predecible de los diputados del PDGE, que, en ningún momento pudieron estar a la altura de los compañeros diputados del Grupo Mixto que se bastaban y sobraban para ponerle peras a cuarto (poneer en dificultades) a sus oponentes, que se las veían y deseaban para hilvanar alguna explicación razonable a tanto desatino gubernamental. Desgraciadamente, a las preguntas hechas por Micó y Bacale a los miembros del gobierno, éstos, respondían siempre con evasivas y no pudieron dar satisfacción a los representantes del pueblo que las hacían, ni por supuesto a los ciudadanos en cuyo nombre, los parlamentarios de CPDS hicieron las preguntas.

A pesar de reducir el numero de preguntas e intepelaciones y de convertir las interpelaciones en preguntas, la Mesa procuró esquivar el debate sobre algunas de ellas; se trata de las preguntas e interpelaciones que se refieren a las cuestiones del ejercicio arbitrario del poder, a temas relacionadas con la corrupción o simplemente las que iban dedicadas a los miembros intocables del Gobierno; se hizo así porque el debate sobre las mismas podía dejar en evidencia al gobierno. En este paquete están:

- La pregunta propuesta por el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Plácido Mico, al Gobierno, que se interesaba si el Estado de Guinea Ecuatorial es miembro firmante de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles o Degradantes y, si fuera así, qué medidas y / o acciones se estaba llevando a cabo, en cumplimiento de las obligaciones contraídas de dicho pacto, y para luchar y poner fin a la práctica de la tortura en nuestro país.

- La otra del mismo Plácido Micó que requería la presencia del Gobierno para que explicara ante el pleno la política penitenciaria que aplicaba el ejecutivo y ver si era coherente con las exigencias de respeto de los Derechos Humanos recogidos en la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial y en el Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos, del que nuestro país era Estado parte. Y el Grupo Mixto hacía esa interpelación porque creía que en la defensa de los derechos de la ciudadanía de Guinea Ecuatorial , el gobierno debía dar una explicación sobre el hecho de que los ciudadanos fueran objeto de detenciones arbitrarias sin mediar mandato judicial alguno; que muchos presos y detenidos fueran obligados a trabajar sin remuneración alguna y, como si de esclavos se tratara, en obras y haciendas de altos funcionarios de la administración civil y militar del Estado; o que muchos encarcelados fueran, asimismo, objeto de tratos inhumanos, con denegación de todo tipo de asistencia jurídica, médica o familiar, en contra de lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional.

- La pregunta enviada por el protavoz adjunto Celestino Bacale, que pedía la comparecencia del responsable de Agricultura y Bosques para que explicara la política agraria y ganadera, y de qué modo pensaba poner fin a la actual situación de escasez de productos agrícolas y ganaderos en los nuestros mercados, para reducir la excesiva dependencia actual de los países extranjeros

- Y otra que iba dirigida al ministro del Interior por Micó, para que explicara la situación en la que se encontraban las entidades locales menores, o sea, los Consejos de Poblados y Comunidades de Vecinos en lo referente a su institucionalidad y gobierno. Porque, el hecho de que desde 1999 no se celebraran elecciones generales para la constitución de los órganos de gobiernos de dichos entes, quedando la designanción de sus miembros, sobre todo la de sus presidentes, a la merced de los delegados de gobierno y de otros personajes del PDGE que ejrcian así una injerencia en la vida política local, lo que a juicio del diputado que hacía la pregunta, no respondía a los intereses de las comunidades que deberían éstas representar, ni a lo habitantes de la mismas. El interpelanta queria que el gobierno acomodara los planes de funcionamiento de estos entes a las exigencias del ordenamiento jurídico nacional, que exige que sean seean designados en elecciones pluralistas .

- El propio Micó, solicitaba así mismo la presencia del ministro de Hacienda ante la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio para que informara y explicara sobre cuál era el monto del estado de ejecución del presupuesto vigente y, en relación a los créditos para la construcción de viviendas sociales, cuántos habían sido desbloqueados.

- Y al gobierno, Micó pedía que se le respondiera sobre su política contra la corrupción, si la tenía, detallando las acciones emprendidas y adoptadas, así como la incidencia social, política y económica de dichas medidas y el grado de consecución de los objetivos propuestos de la citada política.

- Por su lado Micó preguntaba al gobierno por las razones de la subida de precios y porqué el gobierno no podía poner freno a ello, en los siguientes términos:

+¿Creía el gobierno que en la definición y ejecución de su política económica debía de tener en cuenta la inflación como una importante variante macroeconómica, y con incidencia directa en la determinación del poder adquisitivo y, por tanto, del nivel y calidad de vida de los ciudadanos?

+En caso afirmativo, ¿creía el gobierno que eso debía significar tomar las medidas necesarias para contener la subida de los precios y preservar el poder adquisitivo de las rentas de los ciudadanos?

+¿Se había percatado, además, el gobierno de la galopante subida de precios que se observaba en los productos de importación que había en el mercado nacional y que acarreaba la subida de todos los precios, y cuyo último episodio había sido la de los precios de los transportes y de todos los demás productos como consecuencia de la subida de los combustibles derivados del petróleo?

+ Y si en gobierno hubiera tomado algunas medidas, ¿qué hacía para hacerlas cumplir?

+Y, por último, ¿cómo explicaba el gobierno que fuera precisamente la subida del precio de los derivados del petróleo, el producto quizás más abundante en GE, el que ocasionara la disminución del poder adquisitivo de las exiguas rentas de la gran mayoría de los guineanos y la subida galopante de los precios? Como decimos estas preguntas no tuvieron respuesta.

El otro paquete lo constituyen las preguntas sobre las que hubo algún intento de respuesta:

- Así a la pregunta de Plácido Micó al ministro de la Función Pública y Reforma Administativa, para que informara y explicara ante el pleno sobre la situación de los derechos laborales de los funcionarios y demás empleados de la Administración Pública, recordando que el derecho de éstos a formar sindicatos, derecho recogido en la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, como corolario del derecho a la libertad de asociación y del derecho de huelga, no excluía a ningún colectivo o persona individual alguna del beneficio del mismo. Sin embargo, la Ley 12/1992 del 1º de octubre sobre Sindicatos y Relaciones Colectivas del Trabajo, excluía paradójicamente del ámbito de su aplicación a los funcionarios, cuya actividad sindical se remitía a una ley especial que se regularía al efecto. Habían transcurrido 13 años y no existía ley especial alguna que permitiera el derecho de sindicación de los empleados públicos, por lo que se instaba al ministro del ramo a explicara las razones y los obstáculos que impedían al gobierno elaborar y promulgar la referida ley especial. A esto Ricardo Mangue se limitó a decir algo así como que los funcionarios no tenían quejas, que no necesitaban sindicarse (qué horror! ! ); y que en todo caso que la oposición podía presentar una proposición de ley sobre esto. Evidentemente Ricardo no daba respuestas a la pregunta hecha; pues el Grupo Parlementario de CPDS llevaba a penas un año; pero el Gobierno lleva trece incumpliendo una promesa que él mismo se hizo.

- El mismo portavoz del Grupo Mixto, Placido Mico, pedía la interpelación, del titular de Planificación y Desarrollo Económico para que diera explicaciones sobre la política censal de su ministerio en su relación con el censo electoral, porque, por imperativo legal, debía ser una actividad periódica realizada por el gobierno a través del departamento correspondiente en las condiciones establecidas por la ley. Sin embargo, sorprendía que el ejecutivo no hiciera nada para el desarrollo de dicha actividad que, por otra parte, no precisaba de un despliegue abundante de medios económicos. En contestación a la requisitoria del portavoz del Grupo Mixto sobre el tema de la realización del Censo Electoral como un simple ejercicio administrativo según se contemplaba en la ley electoral, y que costaba, en términos económicos, muchos menos que cuando se tenía que movilizar a casi toda la Administración del Estado, el viceministro de Planificación y Desarrollo Económico Carlos Nsue Otong respondió que el gobierno había elegido la vía de hacerlo cuando se estaba en vísperas elecciones y no como pedía el portavoz del CPDS; Plácido Micó, replicó que en cualquier país democrático la revisión del censo electoral se hacía anualmente incorporando a los ciudadanos que alcanzaban la edad de 18 años a las listas electorales, suprimiendo de éstas a los fallecidos amén de subrayar el cambio de domicilio de los votantes que pasaban a residir a otros lugares incorporándolos en las listas correspondientes. Y esto significaba evitar que se siguiera registrando hechos como que personas fallecidas siguieran figurando en el censo electoral, y que se votaban por ellos en los Consejos de Poblados y Comunidades de Vecinos, o se votara por gente que ya no residían en éstos por cambio de residencia. La actitud cerril del representante del gobierno fue refrendada por el

presidente de la Cámara que no entendía el por qué de la exigencia responsable y legal del portavoz del Grupo Mixto, preguntándose a qué se debía la misma. En una palabra, se prefería el galimatías que se montaba cuando se estaba en vísperas de elecciones y se elaboraba el censo electoral a favor del partido gubernamental, eliminando de las listas a quienes fueran susceptibles de votar por la oposición y extendiendo los carnetes a pocos días de las elecciones y, en muchos casos el día anterior de éstas. Despues de esta réplica y de insistir que se hacía en cumplimiento de los preceptos de la leey belecotral, Carlos Nsue Otong se limitó a repetir la consigna que le habían dado.

- Al responsable de la cartera de Trabajo se le requirió para que diera explicacines y respuestas sobre la política laboral de su ministerio en defensa de los derechos laborales de los trabajadores y para el fomento del empleo nacional. Se le pidió, igualmente, una explicación precisa sobre las medidas diseñadas y adoptadas por su departamento para poner fin a los atropellos que sufrían los trabajadores por parte de las agencias de contratación que se quedaban con el grueso de sus salarios, así como de los otros representantes de empleadores que cobraban importantes sumas de dinero para emplear a la gente, hasta el extremo de que algunos se quedaban con un porcentaje fijo mensual del salario del trabajador. De la misma manera, Micó consideraba en su petición que el ministro diera explicaciones sobre ciertas deducciones que se hacían de los salarios sobre conceptos y destinos no suficientemente especificados, o los que iban directamente al PDGE. Enrique Mercader Costa, dió unas respuestas balbucientes a las preguntas del portavoz del Grupo Mixto sobre el tema de las agencias de contratación y de determinadas deducciones que se hacían de los salarios de los trabajadores por conceptos nada claros. Para este ministro no le constaban los abusivos porcentajes que las agencias cobraban a los trabajadores, ni que existieran representantes de empleadores que a cambio de puestos de trabajo cobraban sumas enormes de dinero a quienes solicitaban empleos y, por supuesto negó que se entregara un porcentaje de los salarios de los trabajadores al PDGE fueran o no militantes de esta formación política. Micó le afeó que el titular de la cartera de trabajo ignorara, o dijera ignorar, los entresijos de la política laboral de su país y de las prácticas fraudulentas de oferta de empleo que se practicaban en el mismo, y de las que eran víctimas propiciatorias no sólo el conjunto de los trabajadores sino los propios hermanos militantes de su partido, el PDGE. La subsiguiente respuesta de Mercader fue patética y se reiteró en su postura de no constarle que ocurrieran ese tipo de cosas.

- A su vez, el portavoz adjunto del Grupo Mixto, Celestino Bacale, interpeló al ministro de Pesca y Medio Ambiente para que informara al pleno sobre la política pesquera de su departamento, porque, a su juicio, era lamentable e incomprensible la situación de falta de productos pesqueros en los mercados nacionales, así como los altos precios que los ponía fuera del alcance de las economías domésticas de la inmensa mayoría de los ciudadanos. También quería conocer las medidas y disposiciones adoptadas para poner coto a los atropellos de que eran víctimas constantes los pescadores artesanales del país que, sistemáticamente, se veían privados de sus embarcaciones y aparejos de pesca, sin explicación ni justificación alguna por parte de los agentes de la autoridad. Sin embargo, tenían que pagar importantes cantidades de dinero a ciertos oficiales de la marina nacional para recuperar sus cayucos y aparejos. Sobre el asunto de la carencia de productos pesqueros en nuestros mercados, el responsable de Pesca y Medio Ambiente, Ofa Mbo, respondió al portavoz adjunto del Grupo Mixto Celestino Bacale vanagloriándose de que el gobierno había emprendido una política de creación de empresas del sector con operadores italianos, españoles, holandeses y de otros países europeos que, a corto plazo, fijó éste en el mes de septiembre, inundarían nuestros mercados de productos pesqueros de amplia variedad y a precios baratos. Antes, informó que el gobierno había creado la Empresa Nacional Pesquera Marítima que tendría frigoríficos en Malabo, Bata, Lubá y Kogo a fin de abastecer a todo el país y, posiblemente, a los países vecinos. A la pregunta de Bacale sobre qué se hacía de los atropellos de que eran víctimas constantes los pescadores artesanales por agentes de la autoridad marítima, que un día sí y otro también requisaban sus pequeñas embarcaciones y aparejos de pesca que recuperaban a cambio de fuertes cantidades de dinero, Ofa Mbo respondió que, como todos sus colegas de gabinete, que no le constaba ni por activa ni por pasiva que eso sucediera. Sin embargo, de lo que sí estaba al corriente era del apresamiento de embarcaciones que se dedicaban fraudulentamente al transporte de bienes y personas bajo la cobertura de dedicarse a la pesca. Además, añadió, que una de las vías que iban a emplear los mercenarios para entrar en el país era por medio de estas pequeñas naves. Y reconoció que como buen patriota que era, su departamento ordenó que se retuvieran esas embarcaciones, porque eran sospechosas de poder coadyuvar a la desestabilización de GE, y que como todo el mundo sabía podría haberse producido un baño de sangre en la población y que evitó la rápida y feliz diligencia de los servicios de seguridad del país.

- El diputado Micó pidió la comparecencia del ministro de Educación para que explicara al pleno sobre la política de becas de su departamento. Porque interesaba saber, sobre todo, si se hacían esfuerzos para conseguir o dar becas a los estudiantes guineanos, tanto para los que cursaban estudios en el país como para aquellos que deseaban hacerlo en el extranjero. Igualmente, el ministro debería explicar sobre cuántos y cuáles eran los departamentos del gobierno con competencias en materia de becas, y cuáles eran dichas competencias, porque le resultaba confuso entender la confusión que había al respecto. Además, la explicación debía abordar el hecho de que determinadas becas donadas por gobiernos o instituciones extranjeras al gobierno de Guinea Ecuatorial, su tratamiento en lo referente a la convocatoria, concurso, selección o designación de los candidatos y demás gestiones administrativas para el viaje y disfrute de la beca de los agraciados, se llevara a cabo en las oficinas del PDGE por su secretario general. Y preguntaba si se debía entender que la antes denominada sección d becas del ministerio de Educación se encontraba ya instalada en las oficinas del PDGE. El ministro de Educación y Ciencia en respuesta a la pregunta de Plácido Micó, se fue por los cerros de Úbeda, y se fue por estos cerros, que significa desviarse del asunto del que se está tratando, respondiendo que su gobierno hacía lo que podía, sin decir, como todo el mundo sabía, que la oficina de las becas estaba ahora en las oficinas del secretario general del PDGE, y que desde allí se concedían éstas. Era, como quien dice, tratar de decir que sí lo sé, pero que no puedo hacer nada, porque no pinto nada. Soy un siempre mandado. La impotencia total.

- Por su parte, Celestino pidió la comparecencia ante el pleno de ministro de Sanidad para que explicara y diera respuesta sobre los casos de la epidemia de cólera que sufría la población: el estado actual y real del problema y el número de casos diagnosticados y el de víctimas mortales producidos, amén de explicar las medidas tomadas por el gobierno para hacer frente a la situación. Pidió, por otra parte, explicación si era cierto o no que el gobierno libró 42 millones de F CFA para el caso, y lo que pensaba hacer el ejecutivo para prevenir este tipo de desgracias.

El titular de sanidad, que no convenció ni a tirios ni troyanos, intentó demostrar que su departamento actuó con diligencia en el caso de la epidemia de cólera que tantas víctimas mortales había producido en el país. Y en un tono vehemente quiso demostrar que los datos de que disponía eran científicos, pero la verdad estaba, como lo demostró Bacale, en que no se previno nada aún cuando se tenían noticias fidedignas de que había un brote de epidemia de cólera en la vecina república del Camerún, ni tampoco se solicitaron ayudas, como cabía de esperar, a gobiernos e instituciones sanitarias internacionales. El ministro se limitó a informar que había habido efectivamente casos de muerte y minimizó el número de víctimas, porque, a su juicio, no eran como para rasgarse las vestiduras; además el ministro no negaba la cifra de muertes sino que decía que el ministerio sólo tenían en cuenta las muertes hospitalarias, es decir las que se producen después de estar ingresado más de 48 horas. La verdad es que no se sabe porqué el ministro sacó esta diferenciación entre muertes hospitalarias y extrahospitalarias: los que se mueren de una epidemia fuera del hospital o cuando llevan ingresados sólo 47 horas,¿no se han muerto o se han muerto de otra cosa?. En todo caso con esto no sólo no desmiente que hubiera más de un centenar de muertes, sino que la cifra real podía haber sido mucho mayor.

- También se solicitó de la Mesa la comparecencia del titular de Economía para que respondiera de forma oral ante el pleno la pregunta sobre cuál era el número de licencias, autorizaciones o como quiera que se le quería llamar a lo que se debe tener para importar cemento en el país; y a qué se debía la periódica falta de dicho producto en los mercados nacionales, y qué hacía el gobierno para animar a quienes pudieran estar interesados en importar el producto de referencia. El secretario de Estado de Tesorería, Melchor Esono Edjo, en ausencia del titular de Hacienda y Comercio, respondió al portavoz del Grupo Mixto Plácido Micó a la pregunta sobre el número de licencias o autorizaciones que había en el país para la exportación de cemento. Su respuesta, asombrosa, se mire como se mire, fue que en Guinea Ecuatorial no hacía falta licencia o autorización de ningún tipo para la exportación de cemento. El único requisito era la tenencia de medios económicos para dedicarse de este comercio, porque en nuestro país se practicaba la economía de libre mercado.

- Bacale, por su parte, solicitó la presencia del ministro de Infraestructura y Urbanismo para que explicara ante el plenario de la Cámara la política general de su departamento sobre el trazado, asfaltado y mantenimiento de las carreteras, así como la política de viviendas sociales tantas veces consignadas en los presupuestos del Estado, incluyendo los vigentes. A dicha pregunta el responsable de Infraestructuras y Urbanismo respondió que había un plan de construcción de carreteras que se estaba llevando a cabo y que la constatación de lo realizado estaba a la vista de la población; y añadió que en relación a las viviendas sociales, el gobierno había construido en Malabo y Bata 144 viviendas sociales en cada una de estas ciudades, y que se habían librado 5.000 millones de francos CFA para la construcción de otras 500 que pronto serán una realidad. Nuestro representante del parlamento, Bacale, le replicó, a su vez, que los resultados no estaban a la altura de lo que se proclamaba a los cuatro vientos y esto sí era constatable, y que en cualquier caso si se hacía lo que se decía bienvenidas fueran carreteras y viviendas, pero que en todo caso no son cosas que puedan pasar desapercibidas.

- Al titular de Interior, Micó pidió la comparecencia para que explicara la política de seguridad vial de su ministerio a fin de reducir la siniestralidad en las carreteras del país, y en particular en los distritos de Malabo y Bata. Además, debía de dar satisfacción sobre el significado y el valor que desde el ministerio del Interior se concedía al llamado "permiso de conducir" de dudosa legalidad que libraban a la ciudadanía previo pago de importantes sumas de dinero, sin que constara la realización de pruebas o test alguno que acreditara la aptitud o habilidad del beneficiario para llevar un vehículo automóviles; también le preguntó por las acciones para corregir el estado actual de desorden, anarquía y corruptelas en relación al tráfico rodado por carretera. En la misma sintonía que sus colegas de gobierno se atuvo el ministro del Interior en la repuesta a las preguntas de Micó sobre la política de la seguridad vial de su ministerio y el valor que tenía el llamado permiso de conducir. Dijo que el gobierno estaba por la labor de mejorar la seguridad de nuestras carreteras y, al respecto, dijo que se iban a tomar las medidas pertinentes para evitar la creciente siniestralidad de las mismas. Y en relación al permiso de conducir, explicó que para la obtención de éste se requería que los solicitantes conocieran el código de circulación y, por supuesto que supieran conducir un vehículo, y no como el portavoz del Grupo Mixto decía que se resumía a una simple transacción económica. Micó le respondió que la realidad que pintaba el ministro era pura ficción, porque estaba al orden del día que no se exigía en absoluto conocimiento alguno para disponer del permiso de conducir que no fueran los datos de identificación del solicitante y el pago de dinero para la extensión del carné.

- Al ministro de Minas, Hidrocarburos y Energía, Bacale pedía su comparecencia para que diera explicación la política de energía de su ministerio y sobre la medidas adoptadas para acabar con los constantes apagones de luz y la falta de suministro regular de energía eléctrica en las dos principales ciudades del país, Malabo y Bata; y los planes de electrificación de las las demás capitales de distrito, además de la relación, si existía, entre el ministerio y la empresa SEGESA. De entre todos los miembros del ejecutivo que pasaron por las incisivas preguntas de nuestros compañeros, sólo el titular de Minas e Hidrocarburos en respuesta al portavoz adjunto del Grupo Mixto Celestino Bacale dijo que se hacía lo que se podía por mejorar las cosas, y que era consciente de que el tema de la escasa regularidad en el servicio de electricidad era una constante que estaba en conocimiento de todos; se atrevió a reconocer de algún modo que no todo iba bien en el país como decían sus compañeros de partido y gabinete.

Así transcurrieron las sesiones de control al gobierno, y aunque los miembros del gobierno no dieron respuestas, aunque procuraron eludir el debate mediante la ofensa, los diputados de CPDS demostraron que el Parlamento puede y debe ejercer el control sobre el Gobierno, y marcaron así un hito en la historia del Parlamento Guineano. Por este riguroso control al gobierno cuentan que Obiang dijo a los suyos: "...vosotros, que aconsejabais que se diera mas diputados a CPDS, no podéis con dos, ibais a poder con un número mayor?".